Mauricio Macri pronunciará hoy en el Centro Cultural Kirchner (CCK) su discurso político más importante para convocar a un diálogo multilateral que siente las bases de una histórica reforma institucional que debería atravesar el poder real de la Argentina e impactar en todas las clases sociales.
El Presidente prepara este plan de gobierno desde hace meses, y aguardaba los resultados electorales para lanzarlo frente a un caracterizado auditorio que incluirá a gobernadores, sindicalistas, jueces, legisladores, rectores, representantes religiosos, empresarios e intendentes. Macri sabe que si este programa prospera, no habría obstáculo político a la vista que trabe su reelección en 2019, con un peronismo fracturado y una economía nacional en pleno ascenso.
El ministro de Hacienda tiene que explicar cómo será el blanqueo laboral, la fórmula que se propone aplicar para los aumentos jubilatorios, qué impuestos internos se incrementarán y los límites del gravamen a la renta financiera, entre otros aspectos claves de las reformas que se propondrán al Congreso en las sesiones ordinarias de 2018.
El Presidente apuesta a una reducción del déficit fiscal y a un alineamiento de la legislación nacional con las pautas básicas que regulan el funcionamiento de la economía en los países centrales. Macri ha releído un informe de sus asesores que explican cómo se calcula el aumento de las jubilaciones en los 34 estados que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), y en ninguno de ellos se aplica la variable de la recaudación para preservar la capacidad adquisitiva de las jubilaciones y pensiones. El gobierno nacional, si logra consenso político, va hacia esta dirección.
El discurso del Presidente también abordará la situación económica de las provincias. Macri tiene intenciones de promover una nueva ley de Coparticipación Federal, frente al gasto que se ejecuta desde los estados provinciales. Hay distritos como Formosa, Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis y La Rioja, por citar casos históricos, que usan las partidas públicas para aumentar la planta de empleados estatales como método de control político y probado recurso para ganar las elecciones provinciales. El gobierno pretende modificar esta herramienta clientelista, y asume que será una batalla que podría prolongarse más allá de este mandato presidencial.
Fuente: Infobae
